l Índice de Democracia Ambiental (IDA) es una iniciativa desarrollada por Transparencia Internacional - Brasil y el Instituto Centro por la Vida (ICV), con el objetivo de evaluar y promover normas, políticas y prácticas para el acceso a la información, la participación y la justicia en cuestiones ambientales y la protección de los defensores del medio ambiente en la Amazonia Legal.
La IDA evalúa los nueve estados de la Amazonia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins) y el Gobierno Federal.
Las cuatro dimensiones que componen el IDA se analizan utilizando un total de 120 indicadores. Los resultados están disponibles por entidad analizada y por dimensión, así como la base de datos desagregada.
IDA tiene los siguientes objetivos:
Promover el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos medioambientales y la protección de los defensores del medio ambiente es esencial para mantener y valorar la rica sociobiodiversidad de la Amazonia y para superar un contexto de desigualdades históricas, conflictos por la tierra y degradación medioambiental en la región.
Enfrentar los delitos ambientales en la región, por ejemplo, implica disponer de información que ayude a detectarlos, proteger a quienes los denuncian y fortalecer los órganos del sistema de justicia encargados de investigar, perseguir, juzgar y sancionar a los delincuentes. Incluir a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales en los procesos de toma de decisiones y asegurar que cuentan con la información necesaria permite que sus conocimientos y demandas sean tenidos en cuenta y, en consecuencia, que se elaboren e implementen políticas públicas que promuevan sus derechos.
En otro orden de cosas, la existencia de cadenas de producción libres de deforestación, prerrequisito cada vez más presente en los acuerdos comerciales y en las nuevas inversiones, exige la transparencia de la información que permita la trazabilidad de los productos agrícolas y un contexto de mayor seguridad jurídica y reputacional.
La estructura de la ADI se inspira en el Acuerdo de Escazú, ya que el tratado pretende promover el acceso a la información, el acceso a la participación, el acceso a la justicia en asuntos medioambientales y la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos medioambientales. En otras palabras, las dimensiones de la ADI reflejan los pilares del Acuerdo de Escazú.
Además, algunos indicadores IDA se inspiran en el Acuerdo de Escazú, pero no ocurre así en todos los casos, ya que otros analizan aspectos relacionados más específicamente con las normas, políticas y prácticas brasileñas.
Negociado entre 2012 y 2018 por países de América Latina y el Caribe, Escazú es el primer acuerdo ambiental regional y el primero del mundo con obligaciones específicas para proteger a los defensores de los derechos humanos en materia ambiental. El Acuerdo está en vigor desde abril de 2021, y 18 países lo habían ratificado en junio de 2025.
Brasil firmó el Acuerdo en 2018, pero aún no lo ha ratificado. De este modo, los resultados del ADI, al poner de relieve las lagunas y las buenas prácticas en los temas del Acuerdo de Escazú, pueden contribuir al debate sobre la importancia de su ratificación por el Congreso Nacional y a su futura aplicación por Brasil.
El IDA pretende medir el fenómeno de la democracia medioambiental de la forma más amplia y sólida posible, basándose en las cuatro dimensiones seleccionadas. Dada la complejidad y diversidad de concepciones sobre el tema, otros enfoques son totalmente posibles y válidos. Más que una propuesta definitiva para evaluar la democracia ambiental, el IDA es una invitación al debate y a la reforma, y su método se mejorará continuamente.
El método IDA se elaboró a partir de una revisión bibliográfica, un estudio de buenas prácticas, tanto nacionales como internacionales, y consultas con especialistas, miembros de organismos públicos y de la sociedad civil, así como con líderes comunitarios, incluidos pueblos indígenas, quilombolas y otras comunidades tradicionales. La definición de los indicadores también tuvo en cuenta el marco jurídico e institucional brasileño y los elementos establecidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Acuerdo de Escazú. Los datos que componen los 120 indicadores se recogieron por tres medios: (i) búsqueda activa en los portales de los órganos y entidades evaluados y en sus portales de transparencia; (ii) solicitudes de información a través de la Ley de Acceso a la Información en el e-SICs (Sistema Electrónico del Servicio de Información al Ciudadano); (iii) solicitudes de información por correo electrónico.
A partir de 120 indicadores, la IDA evalúa cuatro dimensiones: acceso a la información, acceso a la participación, acceso a la justicia en asuntos medioambientales y protección de los defensores del medio ambiente.
La dimensión de acceso a la información evalúa la disponibilidad de información sobre talas, licencias ambientales, ganadería, regularización ambiental y regularización de tierras, así como la existencia de normas, políticas y plataformas relacionadas con este derecho.
La dimensión acceso a la participación verifica la existencia y el funcionamiento de espacios participativos, como consejos ambientales, consejos de unidades de conservación y audiencias públicas de licenciamiento ambiental, incluyendo la presencia de diversos grupos sociales en estos espacios.
La dimensión de acceso a la justicia analiza la existencia de estructuras especializadas en cuestiones medioambientales, territoriales e indígenas dentro del sistema judicial, así como la formación de sus miembros y la justicia itinerante o iniciativas similares sobre cuestiones medioambientales.
La dimensión de protección de los defensores evalúa la existencia de programas y otros mecanismos destinados a proteger a personas y grupos en situación de riesgo o amenaza.
Las normas, políticas y prácticas evaluadas por el IDA están relacionadas con las competencias de diferentes órganos y entidades de los estados de la Amazonia Legal y del Gobierno Federal. Se evaluaron siete grupos:
Fuerzas de seguridad pública, incluyendo la Policía Militar y Civil de los estados y la Policía Federal.
Los datos que componen los 120 indicadores se recogen por tres medios: (i) búsqueda activa en los portales de los organismos y entidades evaluados y en sus portales de transparencia; (ii) solicitudes de información a través de la Ley de Acceso a la Información en el e-SICs (Sistema Electrónico de Atención al Ciudadano); (iii) solicitudes de información por correo electrónico o teléfono.
Durante la fase de recopilación de datos, el equipo realizó decenas de solicitudes de acceso a la información, así como contactos por correo electrónico y teléfono con los organismos evaluados. Con la puesta en marcha del IDA, todos los organismos evaluados recibirán notas técnicas en las que se analizarán los resultados encontrados y recomendaciones para mejorar las normas, políticas y prácticas de las que son responsables.
Además, el equipo de IDA de Transparencia Internacional - Brasil e ICV está disponible para presentar los resultados, responder preguntas y recibir sugerencias y críticas de las organizaciones evaluadas y otras partes interesadas.
El método IDA incorpora elementos que reflejan la sociodiversidad y la extensión territorial de la Amazonia Legal. Como ejemplos, el IDA analiza la diversidad étnico-racial en los espacios de participación y en los órganos públicos, la existencia de órganos del sistema de justicia especializados en temas de tierras y pueblos indígenas y comunidades tradicionales, la descentralización del programa de protección a defensores, aspecto fundamental dada la dimensión territorial de la región, entre otros. Finalmente, el método IDA incluyó una etapa de consulta con representantes de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil ubicadas o que trabajan en la región, incluyendo miembros de organizaciones de pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Los resultados del IDA pretenden contribuir al debate público y a la mejora de las normas, políticas y prácticas sobre acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia en cuestiones medioambientales y protección de los defensores del medio ambiente. Al llevar a cabo una evaluación objetiva, el IDA expone los avances y las buenas prácticas que pueden reproducirse, así como las lagunas y los puntos débiles que deben superarse. El método permite realizar comparaciones entre las organizaciones evaluadas, lo que posibilita el intercambio de experiencias. Los datos de IDA pueden ser utilizados por la sociedad civil, periodistas, gobiernos y otras instituciones públicas, organizaciones multilaterales, el sector privado y otras partes interesadas. Por último, los resultados del IDA, al poner de relieve lagunas y buenas prácticas en los temas del Acuerdo de Escazú, pueden contribuir al debate sobre la importancia de su ratificación por el Congreso Nacional y a su futura aplicación en Brasil.
Los resultados del IDA ofrecen a los gobiernos y otras instituciones un diagnóstico objetivo de las normas, políticas y prácticas asociadas a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental y a la protección de los defensores del medio ambiente. A partir de los resultados, los gestores públicos, los responsables políticos, los miembros del sistema de justicia y otros responsables de la toma de decisiones pueden planificar e implementar acciones de fortalecimiento institucional, mejorar las estructuras administrativas, revisar los actos normativos y sus prácticas.
Sí. Al evaluar las cuatro dimensiones -acceso a la información, participación y justicia, y protección de los defensores del medio ambiente-, el IDA proporciona una amplia evaluación de las normas, políticas y prácticas relevantes para los defensores del medio ambiente.
Además de la existencia de programas y otros mecanismos de protección para las personas en riesgo o amenazadas, los indicadores IDA evalúan la transparencia de la información ambiental, la existencia y calidad de espacios de participación y la capacidad de los órganos del sistema de justicia para garantizar los derechos ambientales. Estos son aspectos fundamentales para asegurar que los defensores participen en la toma de decisiones y, en consecuencia, que se elaboren e implementen políticas públicas que promuevan sus derechos, incluyendo soluciones estructurales que reduzcan la presión sobre sus territorios.
Con esta información, la ADI permite orientar políticas públicas, fortalecer estructuras institucionales y apoyar acciones de gobiernos, órganos del sistema de justicia, sociedad civil y organizaciones internacionales para enfrentar amenazas y promover condiciones favorables para los defensores ambientales en la Amazonia.
Sí. La IDA proporciona una evaluación objetiva que puede respaldar los argumentos y demandas de la sociedad civil para que las organizaciones evaluadas puedan mejorar sus normas, políticas y prácticas en materia de acceso a la información, participación y justicia en cuestiones medioambientales y protección de los defensores del medio ambiente.
De este modo, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias, los colectivos, los defensores del medio ambiente y otros actores sociales pueden utilizar los resultados en sus estrategias de incidencia en las políticas públicas y de interacción con los poderes públicos. Los miembros de la sociedad civil también pueden utilizar los resultados del IDA para apoyar argumentos en su participación en consejos y audiencias públicas.
El equipo de IDA de Transparencia Internacional - Brasil e ICV está disponible para presentar los resultados, responder preguntas y recibir sugerencias y críticas de los miembros de la sociedad civil.
El método desarrollado para IDA puede aplicarse en otros estados y regiones de Brasil. Además, el método tiene potencial para ser adaptado y utilizado en otros países.
Sí. Facilitar el acceso a la información permite a los agentes estatales (como las agencias medioambientales, la policía y los fiscales) y no estatales (como periodistas, defensores y organizaciones medioambientales) detectar delitos medioambientales como la deforestación, la minería ilegal y la tala ilegal, y delitos conexos como el fraude y la corrupción. Reforzar el acceso a la justicia, incluida la existencia de organismos especializados y la formación de sus miembros, refuerza las acciones para investigar, procesar y exigir responsabilidades a los implicados en estos delitos. Proteger a los defensores del medio ambiente e incluirlos en los procesos de toma de decisiones refuerza la labor de este colectivo, que protege territorios ricos en biodiversidad y a menudo denuncia delitos medioambientales.
Sí. Diferentes mercados, países y bloques políticos y económicos han reforzado los criterios medioambientales en sus decisiones de compra, inversión y acuerdos comerciales. En este contexto, poner la información a disposición contribuye, por ejemplo, a las iniciativas de trazabilidad y a los análisis de la relación entre cadenas de producción, deforestación y delitos medioambientales. Mejorar la gobernanza medioambiental, incluido el acceso a la justicia y la participación, así como reducir los delitos medioambientales y las violaciones de los derechos de los defensores del medio ambiente, contribuye a crear un contexto de seguridad jurídica y de reputación para las nuevas empresas e inversiones.
Sí. El acceso a la participación permite diseñar y aplicar adecuadamente las políticas forestales, gestionar las unidades de conservación y evaluar los impactos de las obras y emprendimientos, aspectos esenciales para la conservación del medio ambiente. La existencia de procesos de toma de decisiones abiertos e inclusivos reduce las posibilidades de influencia indebida por parte de grupos de interés específicos, a menudo poco comprometidos con las cuestiones medioambientales. La disponibilidad de información ambiental permite comprender las acciones y posibles omisiones de los agentes públicos y privados, incluyendo los resultados de las políticas públicas y privadas. Por último, las dimensiones evaluadas por el IDA contribuyen a combatir los delitos ambientales y a proteger a los defensores del medio ambiente, a las personas y a los grupos que trabajan para proteger la Amazonia.
Se puede acceder a los resultados generales de IDA, por dimensión y entidad evaluada, en el sitio web de la iniciativa: https://democraciaambiental.org.br. También es posible descargar la base de datos de indicadores.
La nota metodológica de la AIF, que ofrece una explicación detallada de los indicadores utilizados y de cómo se calculan los resultados, puede consultarse en https://democraciaambiental.org.br/downloads.
IDA es una iniciativa de Transparencia Internacional - Brasil y del Instituto Centro Vida (ICV), con el apoyo financiero de la Agence Française de Développement (AFD). La información sobre el equipo técnico implicado puede encontrarse en la nota metodológica.
El IDA es una iniciativa del Instituto Centro Vida y Transparencia Internacional - Brasil, con el apoyo financiero de la Agence Française de Développement (AFD).
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