En toda democracia, la participación social es esencial para garantizar que las decisiones públicas reflejen los intereses y necesidades de la población. Cuando la gente puede opinar, influir y controlar las políticas que afectan a sus vidas, aumenta la transparencia, se refuerza la confianza en las instituciones y se evita que sólo unos pocos grupos con intereses específicos se beneficien de las decisiones tomadas por los poderes públicos.
Participar en las decisiones que afectan al medio ambiente es un derecho. El acceso a la participación social es una condición concreta para construir políticas públicas más justas, eficaces y legítimas, ya que incorporan diferentes puntos de vista. Significa garantizar que toda la sociedad, especialmente los grupos históricamente excluidos, puedan influir en las políticas públicas de forma abierta, inclusiva y equitativa. Esto implica no sólo estar presente en los espacios de decisión, sino disponer de condiciones reales para actuar con seguridad, con información adecuada, respeto a las diversas identidades y culturas y libertad de expresión.
En la Amazonia, hablar de participación también significa reconocer el papel de los consejos ambientales, los consejos de gestión de las Unidades de Conservación y las audiencias públicas para la concesión de licencias ambientales, espacios clave para garantizar que las comunidades que viven en el territorio y lo protegen sean escuchadas activamente. Sin esta escucha, las decisiones suelen ser impuestas y a menudo perjudiciales para las poblaciones locales y la protección del medio ambiente.
¿Cómo evalúa el Índice de Democracia Medioambiental este derecho?
El eje de acceso a la participación del Índice de Democracia Ambiental (IDA) evalúa la existencia y el funcionamiento de tres tipos de espacios participativos mediante 35 indicadores:
- Consejos de Medio Ambiente, en los estados y a nivel nacional (CONAMA);
- Consejos de Unidades de Conservación, como las Reservas Extractivas y las Reservas de Desarrollo Sostenible;
- Audiencias Públicas de Licencias Ambientales, que deben garantizar la voz de las poblaciones impactadas por los proyectos y/o actividades.
Para saber si los espacios de participación existen y funcionan realmente, IDA evalúa si existen las condiciones adecuadas para que la sociedad participe en las decisiones medioambientales de forma justa y accesible. En el caso de los consejos medioambientales y las unidades de conservación, los indicadores pretenden responder a preguntas como: ¿están los consejos legalmente establecidos? ¿Son las reuniones frecuentes, públicas y bien publicitadas? ¿Existen disposiciones de apoyo a la participación de los consejeros, como transporte o comida? ¿Hay puestos reservados en los consejos para mujeres, indígenas y comunidades tradicionales? En cuanto a las audiencias públicas, los criterios evalúan si se celebran en los territorios afectados, si los documentos están disponibles en línea y si los materiales de apoyo e información se facilitan en una lengua accesible para las comunidades afectadas.
Estos indicadores revelan si la participación es realmente integradora o sólo simbólica. Porque no basta con tener "espacios participativos"; es necesario que sean representativos, activos, descentralizados y accesibles a quienes viven lejos de las capitales.
Así, el IDA, a partir de esta dimensión, busca entender en qué medida los gobiernos de la Amazonia y el gobierno federal garantizan los derechos de acceso a la participación.
Los resultados: quién participa y quién se queda fuera
El promedio general de los estados de la Amazonia Legal en la dimensión de acceso a la participación fue de sólo 31,7 puntos, en una escala de 0 a 100, un desempeño considerado "deficiente" en la IDA. Esto demuestra que aún queda mucho por hacer para garantizar una participación democrática y efectiva. Mato Grosso (42,4) y Amapá (40,9) tuvieron los mejores desempeños, pero aún así alcanzaron la clasificación de "regular". En el otro extremo, Acre (27, 5) fue clasificado como "malo", y Roraima (13,7) como "pésimo".
El dato más llamativo es que ni una sola organización fue calificada de "buena" o "excelente". Incluso el Ejecutivo Federal, que encabezaba la clasificación, obtuvo 49,7 puntos, aún lejos de un escenario ideal.
Estas cifras indican una debilidad estructural en la forma en que la sociedad es escuchada e integrada en las decisiones medioambientales. Falta diversidad, especialmente de mujeres, negros, indígenas y periféricos, tanto en los consejos como en las instituciones públicas. Falta descentralización y acceso a la información en los territorios.
¿Qué importancia tiene?
Sin una participación social efectiva, los derechos de las personas y los bosques corren peligro. Cuando no se escucha a las comunidades, se llevan a cabo proyectos y actividades contaminantes sin su consentimiento, se degradan los ecosistemas y aumenta la violencia, especialmente contra quienes defienden el medio ambiente.
Mejorar los espacios de participación en la Amazonia significa garantizar que las políticas públicas no se hagan sólo para unos pocos grupos con intereses específicos, sino con y para las personas que viven y cuidan de la región todos los días. Garantizar el acceso a la participación significa reconocer que la democracia sólo puede construirse con voces diversas, que deben ser valoradas y protegidas.
