En regiones como la Amazonia, donde la población y las comunidades se enfrentan a amenazas constantes, pensar en la democracia medioambiental es más que pertinente: es urgente. Pero, ¿qué significa esto en la práctica?
La democracia medioambiental es la integración de los principios y prácticas democráticos en la gobernanza medioambiental. En otras palabras, se trata de garantizar que todas las personas -especialmente las más afectadas por los proyectos y políticas medioambientales- tengan acceso a la información, puedan participar en la toma de decisiones, actúen en un entorno seguro y cuenten con el respaldo de los tribunales cuando se vulneren sus derechos.
El Índice de Democracia Ambiental (IDA), creado por Transparencia Internacional - Brasil y el Instituto Centro por la Vida (ICV), traduce este concepto en datos concretos, evaluando cuatro dimensiones consideradas esenciales: acceso a la información ambiental, acceso a la participación, acceso a la justicia ambiental y protección de los defensores del medio ambiente. Estos principios también están presentes en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que Brasil firmó en 2018, pero cuya ratificación está paralizada en el Congreso.
¿Tiene Brasil una sólida democracia medioambiental?
Según los datos de la IDA, la respuesta es: no. La media general entre los estados de la Amazonia Legal fue de sólo 34,5 puntos (en una escala de 0 a 100). Ningún estado o gobierno federal recibió una puntuación de "excelente" en democracia ambiental.
El IDA revela una fragilidad profunda y sistémica en la Amazonia Legal. Las lagunas identificadas ayudan a explicar por qué Brasil es el segundo país más violento del mundo para los defensores del medio ambiente y de la tierra, según datos de Global Witness. Además, las lagunas identificadas tienen otras repercusiones, como una menor capacidad para detectar y hacer frente a los delitos ambientales y conexos, como el fraude y la corrupción, políticas públicas menos eficaces para proteger la selva y un entorno con poca seguridad jurídica y de reputación para nuevas empresas, inversiones y acuerdos comerciales.
Cómo reforzar la democracia medioambiental
Reforzar la democracia medioambiental requiere algo más que leyes bien redactadas. Hay que convertirlas en prácticas reales, accesibles y eficaces. Como muestran los datos del IDA, esto significa mejorar los espacios de participación. Los consejos medioambientales deben incluir voces indígenas, quilombolas, ribereñas y periféricas, con condiciones reales de participación.
También es esencial reforzar la presencia de las instituciones públicas en los territorios, con oficinas de defensa, fiscalías y tribunales especializados que trabajen allí donde se producen los conflictos. La descentralización de los servicios y la formación continua de funcionarios y magistrados son fundamentales, especialmente en la Amazonia. Los Estados con mejores resultados son los que, ya inicialmente, han creado estructuras para hacer frente a estas demandas.
Otro punto crítico es la protección de los defensores del medio ambiente. La mayoría de los estados de la Amazonia Legal aún no cuentan con programas específicos para este fin - y cuando estos servicios existen, son frágiles. La falta de protocolos, centros y canales de denuncia debilita la respuesta estatal a la violencia. Garantizar la seguridad de quienes protegen territorios y ecosistemas debe ser una prioridad.
Acuerdo de Escazú
La democracia ambiental no es una teoría lejana: es la base concreta para proteger vidas, territorios, la selva y el futuro climático del país. Los datos de la AIF revelan en qué está fallando Brasil, y este es el primer paso hacia la acción.
Sus resultados ponen de relieve cómo la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso Nacional podría representar un verdadero cambio de rumbo, no porque lo resuelva todo de inmediato, sino porque impulsa al país en la implementación de una política ambiental centrada en los derechos humanos, la justicia y la equidad.
