En un país con tantas desigualdades, garantizar que todas las personas puedan defender sus derechos es fundamental. Especialmente en regiones como la Amazonia, donde las disputas por los bosques, la tierra y el territorio son recurrentes, esto es aún más urgente. Muchas comunidades de la región sufren violencia constante y violaciones de sus derechos, principalmente por conflictos territoriales y delitos ambientales como la minería ilegal y el acaparamiento de tierras, pero no siempre obtienen respuestas ante los daños y violaciones de sus derechos y del medio ambiente.
La existencia de buenas leyes no es suficiente: deben funcionar realmente para todos. Por tanto, garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia es indispensable para atajar las violaciones y promover los derechos.
Después de todo, ¿qué es el acceso a la justicia medioambiental?
El acceso a la justicia va mucho más allá del simple acceso al poder judicial. Implica la posibilidad real de que todas las personas, especialmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, obtengan respuestas efectivas a conflictos, violaciones de derechos y daños ambientales. Esta dimensión está enraizada en la Constitución Federal, en diversas leyes y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, que reconoce la justicia ambiental como pilar para garantizar la equidad, combatir el racismo ambiental y proteger los territorios. En Brasil, aunque contemos con instrumentos relevantes, como la acción civil pública y la responsabilidad objetiva por daños ambientales, aún existe una brecha entre lo que está en el papel y lo que llega a las comunidades.
El concepto amplio de justicia medioambiental también implica garantizar que los beneficios y daños relacionados con el medio ambiente se distribuyan equitativamente entre todos. Esto significa enfrentarse a la lógica según la cual los grupos más poderosos se benefician de los recursos naturales, mientras que los impactos negativos -como la contaminación, la pérdida de tierras o la escasez de agua- recaen sobre las poblaciones más vulnerables. Para cambiar esta realidad, es necesario que se reconozcan los derechos de estas poblaciones y se garantice su voz en los espacios de toma de decisiones, exactamente lo que propugnan la Constitución Federal y el Acuerdo de Escazú.
¿Cómo mide IDA el acceso a la justicia?
La IDA evalúa esta dimensión a partir de 25 indicadores, que miden la existencia de estructuras especializadas para cuestiones ambientales y agrarias y para pueblos indígenas y comunidades tradicionales, las acciones para ampliar el servicio en zonas remotas, las acciones de formación, la consecución de objetivos para los procesos ambientales y agrarios, y la promoción de la diversidad racial y de género. Fueron evaluados el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública y las fuerzas policiales.
Por lo tanto, a pesar de la amplia comprensión del concepto de acceso a la justicia, la dimensión de acceso a la justicia del IDA se centra en evaluar el acceso a la justicia ambiental en los órganos del sistema judicial brasileño: ¿existen fiscalías y tribunales ambientales que funcionen? ¿Existen defensorías para poblaciones indígenas y comunidades tradicionales? ¿Están presentes las instituciones en los territorios más remotos?
Por tanto, garantizar que todas las personas tengan acceso al sistema judicial es indispensable para atajar las violaciones y promover los derechos. El Índice de Democracia Medioambiental pretende medir exactamente eso: cómo responde -o no responde- el Estado a la creciente demanda de justicia en cuestiones medioambientales.
¿Qué muestran los resultados?
La dimensión acceso a la justicia obtuvo la media más alta entre las cuatro dimensiones IDA, con 53 puntos entre los estados de la Amazonia Legal. Sin embargo, este resultado muestra que, a pesar de algunos avances, aún queda mucho por hacer. Los organismos federales (MPF, DPU, TRF1 y PF) se destacaron, con 81,9 puntos. En los estados, los mejor evaluados fueron Maranhão y Amazonas, con más de 60 puntos.
Por otro lado, Roraima (29) y Amapá (37,5) obtuvieron los peores resultados, lo que demuestra la falta de estructuras de justicia especializadas en cuestiones ambientales y agrarias en la Amazonia.
En esta dimensión, observamos la presencia de estructuras especializadas, como fiscales y comisarías de medio ambiente y comisiones para la solución de problemas de tierras en el poder judicial, aunque existen importantes lagunas, como el escaso número de tribunales medioambientales y agrarios y de estructuras para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. Existen iniciativas para ampliar el acceso a la justicia en zonas remotas, pero rara vez se ocupan de cuestiones medioambientales. Los resultados indican avances importantes, pero la necesidad de mejoras para hacer realidad los derechos socioambientales en la región.
¿Qué importancia tiene?
Cuando la justicia no llega a la gente, los conflictos se invisibilizan y se refuerzan. La incapacidad del Estado para garantizar una justicia efectiva a los pueblos de la selva, agricultores familiares, quilombolas e indígenas es una de las caras más profundas de la injusticia y del racismo ambiental. La falta de instituciones especializadas en las áreas remotas y el descuido de la diversidad institucional son formas sutiles pero poderosas de exclusión social.
La democracia ambiental requiere más que leyes, requiere acción. Si queremos garantizar los derechos y proteger la Amazonia, necesitamos invertir en una justicia que llegue a los territorios, que comprenda los contextos locales y que trate con seriedad los impactos ambientales que recaen sobre los más vulnerables.
