Acuerdo de Escazú: qué es, por qué es importante y por qué Brasil aún no lo ha ratificado
Destinado a promover los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos medioambientales, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado medioambiental de América Latina y el Caribe, y el primero del mundo con obligaciones vinculantes dedicadas a la protección de los defensores del medio ambiente.
Hasta ahora, 18 países han ratificado el acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Dominica, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Brasil aún no figura en esta lista.
Brasil debe ratificar el Acuerdo de Escazú
En 2023, cinco años después de su firma, Brasil envió el tratado al Congreso para su ratificación, lo que aún no ha sucedido. En consecuencia, el Acuerdo de Escazú sigue sin tener fuerza legal en el país.
Como señala el informe de Human Rights Watch (2024), la ratificación de Escazú es esencial para combatir la violencia en Brasil, el segundo país que más asesina a defensores del medio ambiente, ya que establece obligaciones concretas, como exigir medidas específicas para prevenir amenazas y ataques, garantizar mecanismos de denuncia, investigar las violaciones de derechos y castigar a los responsables de estos delitos.
Uno de los principales obstáculos a la ratificación del Acuerdo de Escazú es el argumento de que podría interferir en la soberanía nacional. El acuerdo no impone injerencias extranjeras en las decisiones nacionales, pero sí obliga a los Estados a garantizar la transparencia, la participación pública y la protección de los defensores del medio ambiente, principios ya previstos en la legislación brasileña y en los tratados de derechos humanos de los que el país es signatario. Como deja claro el informe Diálogos: Soberanía y Clima (2025), el verdadero riesgo para la soberanía reside en el avance del crimen ambiental organizado, que aprovecha la ausencia del Estado y la opacidad de los datos para actuar con impunidad. Al fortalecer los mecanismos de control social y fomentar la expansión de la presencia institucional en territorios vulnerables, Escazú fortalece -no debilita- la soberanía brasileña.
El Acuerdo de Escazú también es esencial para prevenir y combatir la corrupción en asuntos medioambientales, como en los casos en que tales prácticas permiten la comisión de delitos medioambientales o están asociadas a retrocesos en la gobernanza medioambiental.
Ratificar Escazú es, por tanto, decir que Brasil opta por proteger sus territorios sobre la base de la garantía del Estado de Derecho.
¿Cuál es la relación entre la AIF y el Acuerdo de Escazú?
El Índice de Democracia Ambiental (IDA) trata de medir la existencia y aplicación de los cuatro pilares establecidos en el acuerdo. Sus resultados muestran que Brasil aún está lejos de garantizar estos derechos.
En el ámbito del acceso a la información medioambiental, por ejemplo, ningún estado de la Amazonia Legal ha proporcionado datos completos sobre conflictos de tierras, territorios quilombolas y regularización de tierras.
En la dimensión de protección de los defensores del medio ambiente, el escenario es aún más alarmante: seis de los nueve estados amazónicos obtuvieron una puntuación "muy baja", debido a la ausencia de programas de protección y otras prácticas. La media global de los estados en esta dimensión fue de 11,8 puntos (en una escala de 0 a 100).
Estos datos muestran que Brasil sigue sin garantizar lo básico: que las personas puedan estar informadas, que puedan participar en las decisiones y espacios públicos relevantes y que tengan garantías contra la violencia por hacerlo.
El Acuerdo de Escazú promueve la democracia medioambiental
Escazú es una oportunidad para poner en marcha la democracia medioambiental. Ratificarlo significa transformar las normas formales en políticas concretas: datos medioambientales públicos más accesibles, más escucha a las comunidades y más seguridad para quienes están en primera línea de la defensa del medio ambiente.
El IDA destaca los cuellos de botella, pero también señala posibles vías para avanzar. Y entre ellas, el Acuerdo de Escazú emerge como una de las principales referencias para llevar los derechos a la práctica. Corresponde a la sociedad brasileña presionar al Congreso para que ratifique este acuerdo, ya que la democracia ambiental se construye con datos, voz y protección.
