En muchas regiones del mundo, defender el medio ambiente, la tierra y los derechos de las comunidades tradicionales se ha convertido en una actividad de riesgo. Las personas que defienden la protección de la naturaleza se enfrentan a amenazas, acoso y otros tipos de violencia, y muchas son asesinadas por denunciar delitos medioambientales, resistirse al acaparamiento de tierras u oponerse a grandes proyectos urbanísticos.
Sin seguridad para quienes luchan por la vida, la justicia ambiental es imposible. Por eso, esta dimensión es fundamental para la construcción de políticas públicas, sistemas de protección y respuestas estatales eficaces a las crecientes amenazas, especialmente en la Amazonia, una de las regiones más peligrosas para los defensores del medio ambiente.
¿Quiénes son los defensores del medio ambiente y por qué debemos protegerlos?
Los defensores de los derechos humanos en cuestiones medioambientales son quienes, individual o colectivamente, luchan por la protección de la naturaleza, la justicia climática, los territorios tradicionales y el derecho a una vida digna. Son indígenas, quilombolas, ribereños, extractivistas, agricultores, periodistas y comunicadores populares, investigadores, abogados, activistas y líderes locales de movimientos sociales que denuncian delitos ambientales, exponen violaciones de derechos humanos y se resisten a modelos de desarrollo depredadores.
En la Amazonia, defender el medio ambiente también significa arriesgar la propia vida. Según Global Witness, en 2022 más del 20% de los asesinatos de defensores en el mundo tuvieron lugar en la región amazónica. Es un contexto marcado por la violencia, la impunidad y el abandono por parte del Estado.
¿Cómo evalúa IDA esta protección?
A través de la dimensión de protección a defensores ambientales, el Índice de Democracia Ambiental (IDA) evaluó, mediante 26 indicadores, la existencia de programas de protección, presupuesto, coordinación interinstitucional y gobernanza transparente y participativa en su ejecución, así como protocolos de actuación y capacitación a agentes de seguridad pública, entre otros. Fueron analizadas las acciones del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), de las secretarías estaduales responsables por las políticas públicas de derechos humanos, así como de los órganos y fuerzas de seguridad pública - Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), secretarías estaduales de justicia y seguridad pública, Policía Federal, Policía Civil y Policía Militar.
A través de esta dimensión, IDA analiza si el Estado estructura, financia e implementa acciones concretas que garanticen un ambiente seguro para quienes defienden los derechos humanos y ambientales, especialmente en la Amazonia Legal.
¿Qué nos dicen los resultados?
La dimensión de protección de los defensores fue la peor calificada de las cuatro dimensiones IDA, con un promedio de apenas 11,8 puntos entre los estados, un desempeño considerado "terrible". De los nueve estados de la Amazonia Legal, seis fueron clasificados como "terribles" en esta dimensión. Rondônia, Acre, Roraima y Tocantins obtuvieron menos de 4 puntos en una escala de 0 a 100, mostrando una ausencia casi total de mecanismos para proteger a los defensores del medio ambiente.
Los mejor situados - Mato Grosso (29,3) y Maranhão (28,4) - seguían en la categoría de "malos". El poder ejecutivo federal, con 58,7 puntos, fue clasificado como "regular".
El escenario pone de manifiesto la urgencia de reforzar las políticas de protección del Estado, especialmente ante el aumento de la violencia y la criminalización de quienes defienden derechos y territorios.
Los indicadores peor evaluados fueron los relativos a mecanismos de protección de mujeres, indígenas y miembros de comunidades tradicionales; descentralización del programa y monitoreo; divulgación de denuncias de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de prensa; así como los indicadores que evaluaban el trabajo de las fuerzas de seguridad con los defensores ambientales (capacitación de policías en el tema, existencia de protocolos para orientar la actuación policial en casos que involucren a defensores y protocolos sobre el uso de cámaras corporales en casos de conflictos territoriales y ambientales).
¿Por qué importa todo esto?
Sin la protección y la seguridad de los defensores, los bosques y las comunidades se vuelven aún más vulnerables. Cuando el Estado no protege a estas personas, no sólo permite que se produzcan violaciones, sino que se convierte en cómplice de una crisis estructural. La democracia medioambiental y el desarrollo sostenible no pueden sostenerse si quienes los defienden no pueden hacerlo con seguridad.
Garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente es, por tanto, una responsabilidad del Estado y una condición indispensable para la democracia, los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
