El acceso a la información significa garantizar que cualquier persona pueda conocer lo que el gobierno hace -o deja de hacer- en asuntos de interés público. Este derecho está contemplado en la Constitución, en leyes nacionales como la Ley de Acceso a la Información y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú (aún no ratificado por el Congreso). Sin embargo, no se trata sólo de hacer pública la información. La transparencia efectiva requiere datos actualizados, completos y en formatos aptos para su reutilización (que permitan a cualquiera utilizarlos y analizarlos fácilmente, como en hojas de cálculo editables o archivos legibles por máquina).
El acceso a la información puede garantizarse de dos maneras: transparencia activa, que es la difusión de información por parte de las autoridades públicas, normalmente a través de plataformas en línea accesibles al público; y transparencia pasiva, que es el derecho del público a solicitar y recibir información pública. Juntos, estos enfoques permiten reforzar la participación social y promover un entorno de gobernanza más abierto.
¿Cómo mide IDA la transparencia de la información medioambiental?
La dimensión de acceso a la información medioambiental de IDA se evaluó mediante indicadores que miden la transparencia activa en cuestiones medioambientales, como el Registro Ambiental Rural (RAMA), las licencias medioambientales, las concesiones de agua, las autorizaciones de deforestación y quemas controladas, las actas de infracción, las multas cobradas, la gestión de las unidades de conservación, los datos de regularización y los conflictos territoriales. La información se analizó según los siguientes criterios: si la información está disponible, si está actualizada, si es detallada y si está en un formato reutilizable (como archivos geoespaciales).
En el contexto amazónico, es necesario poner a disposición información relevante sobre deforestación, incendios, permisos de tala, multas medioambientales y regularización de tierras, por ejemplo, para que las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y la población local, incluidas las comunidades indígenas, los quilombolas y los residentes de zonas remotas, puedan identificar y denunciar los delitos medioambientales y las prácticas corruptas que se producen libremente.
Otro eje de la dimensión de acceso a la información de la IDA examinó si los estados de la Amazonia Legal y el Ejecutivo Federal cuentan con normas que regulen el acceso a la información y la protección de datos, plataformas de datos abiertas y canales efectivos para la transparencia activa.
¿Qué muestran los resultados?
Los resultados indican que existen graves deficiencias a la hora de promover el acceso a la información medioambiental. Los datos pertinentes no se ponen a disposición del público o, cuando lo están, suelen estar desfasados, incompletos o en un formato inadecuado para su reutilización.
La media de esta dimensión en los estados de la Amazonia Legal fue de 41,7 puntos, considerada "regular". Tocantins (27,2) y Acre (28,4) obtuvieron los peores resultados. Mato Grosso y Pará lideran la clasificación estatal con 61,5 puntos. El Ejecutivo Federal obtuvo la mejor puntuación entre las entidades evaluadas, con 68,9 puntos y la clasificación de "bueno".
La información sobre el Registro Ambiental Rural (CAR), la Guía de Tránsito Animal (GTA) y las autorizaciones de deforestación mostraron varios vacíos en su disponibilidad. Esta información es fundamental porque permite, por ejemplo, una comprensión más completa de la relación entre las cadenas agrícolas y la deforestación, así como distinguir la deforestación legal de la ilegal.
El panorama más preocupante aparece en la información sobre conflictos por la tierra, territorios quilombolas y regularización de tierras: ningún estado, ni siquiera el gobierno federal, ha proporcionado datos completos y accesibles sobre estas cuestiones. Esto no es casual: es una prueba de la invisibilidad, la desprotección y la vulnerabilidad de las comunidades frente a crímenes como el acaparamiento de tierras, la violencia y la degradación ambiental.
¿Por qué debe cambiar este escenario?
El acceso a la información ambiental es fundamental para fortalecer la gobernanza ambiental, para la participación y el control social de las políticas públicas, para el seguimiento de las acciones u omisiones de gobiernos y empresas, así como para la detección de delitos ambientales y delitos asociados, como el fraude y la corrupción. También es esencial para garantizar las otras dimensiones de la ADI: la participación, la justicia y la protección de los defensores. A través de ella, la sociedad puede participar en las decisiones y exigir políticas eficaces, puede demandar reparación ante la justicia y obtener información para protegerse de las violaciones de sus derechos.
