Acre tiene un rendimiento regular en acceso a la justicia y puntuaciones bajas en todas las demás dimensiones
Acre obtuvo 26,5 puntos en el Índice de Democracia Medioambiental, ocupando el octavo lugar entre los estados de la Amazonia Legal. El rendimiento global se clasificó como "deficiente", con un único resultado regular en la dimensión Acceso a la justicia ambiental.
Con 47,1 puntos, la dimensión de justicia fue la mejor evaluada. Es uno de los pocos Estados con puntuaciones altas en los indicadores de receptividad a las demandas medioambientales y agrarias. También destacan los índices de diversidad de género y racial en el poder judicial. Por otro lado, faltan tribunales ambientales y agrarios y estructuras especializadas en la Defensoría Pública del Estado.
En las demás dimensiones, los resultados fueron bastante bajos. En Acceso a la Información Ambiental, Acre registró 28,4 puntos ("mal"), con una indisponibilidad total de 20 de las 29 categorías de información evaluadas. La dimensión Acceso a la Participación obtuvo una puntuación similar (27,5 puntos - "mala"), lo que refleja la fragilidad de los órganos de participación en el estado.
El peor resultado se registró en la dimensión Protección de los Defensores del Medio Ambiente, con sólo 2,9 puntos ("muy mala"). El Estado no cuenta con un programa de protección para los defensores del medio ambiente. Tampoco existen protocolos para agentes de seguridad pública en casos que involucren a defensores y el uso de cámaras corporales en conflictos ambientales o de tierras.
Aspectos destacados de la evaluación de Acre:
- Puntuación final: 26,5 puntos - calificación "mala
- 8º puesto entre los Estados de la Amazonia Legal
- Los mejores resultados se obtuvieron en Acceso a la Justicia Medioambiental (47,1 puntos - "regular")
- Malos resultados en Acceso a la información (28,4) y Acceso a la participación (27,5)
- Malos resultados en la protección de los defensores del medio ambiente (2,9 puntos)
- Puntos positivos: capacidad de respuesta a las demandas medioambientales y agrarias en el poder judicial
- Puntos débiles: falta de datos medioambientales, fallos de participación y ausencia de programa de protección
