La dimensión Acceso a la Justicia se evaluó a partir de 25 indicadores que analizan la existencia de estructuras especializadas, las iniciativas para prestar servicios en zonas remotas, el cumplimiento de los objetivos de tramitación de casos y la diversidad en las instituciones. Se evaluaron las actuaciones del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública y las fuerzas policiales.
Esta fue la dimensión con mejor rendimiento medio en el Índice de Democracia Ambiental, aunque los resultados revelan importantes lagunas. Las fiscalías medioambientales están presentes en todos los estados de la Amazonia Legal, y muchos tribunales cuentan con comisiones para la solución de problemas territoriales. Sin embargo, la creación de tribunales y estructuras medioambientales dirigidas a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales es aún limitada.
La media de los nueve estados de la Amazonia Legal fue de 53 puntos, un resultado considerado "regular". Maranhão (66,1) y Amazonas (61,8) obtuvieron una calificación "buena", mientras que Amapá (37,5) y Roraima (29) obtuvieron las peores puntuaciones. El Gobierno Federal obtuvo el mejor resultado global, con 81,9 puntos - la única entidad con calificación "excelente" en cualquier dimensión del IDA.
Aunque existen iniciativas para aumentar el acceso en zonas remotas, rara vez se refieren a cuestiones medioambientales. Los centros judiciales de resolución consensuada de conflictos -una importante alternativa a la judicialización- aún no cuentan con estructuras de apoyo a la agenda medioambiental.
El IDA es una iniciativa del Instituto Centro Vida y Transparencia Internacional - Brasil, con el apoyo financiero de la Agence Française de Développement (AFD).
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